Lula inicia un mandato condicionado por la fragmentación legislativa y desafíos económicos

Al imponerse en la segunda vuelta frente a Flavio Bolsonaro, Luiz Inacio Lula da Silva consiguió una hazaña sin precedentes desde la instauración de la reelección en 1997, al convertirse en el primer postulante en revertir una desventaja registrada en la instancia inicial. Pese a este éxito, el mandatario electo deberá iniciar su cuarto mandato presidencial sin una mayoría legislativa propia y frente a un mapa político en el que los sectores conservadores expandieron su presencia territorial y parlamentaria. El respaldo en las urnas reflejó tanto la adhesión a las políticas de amparo social como el rechazo a un eventual regreso del bolsonarismo al poder. Sin embargo, este resultado electoral no anula las inquietudes ciudadanas que fortalecieron a la oposición, tales como el encarecimiento del costo de vida, el endeudamiento de las familias y la inseguridad. En el Congreso, la coalición encabezada por el Partido de los Trabajadores sumó 88 bancadas en la Cámara de Diputados, una cifra sensiblemente inferior a los 121 escaños conquistados por el derechista Partido Liberal. Ante esta correlación de fuerzas, el oficialismo dependerá de acuerdos puntuales con bloques de centro y centroderecha como União Brasil, PP, PSD, Podemos, Republicanos y MDB. Estas fuerzas podrán respaldar proyectos concretos sin integrarse formalmente a la coalición gobernante, lo que forzará al mandatario de 80 años a calibrar sus prioridades legislativas para evitar bloqueos institucionales. En el plano económico, las previsiones privadas anticipan que la deuda bruta podría trepar al 87 por ciento del Producto Bruto Interno hacia 2027. Para cumplir sus promesas de sostener la asistencia social, incentivar la obra pública, avanzar en la reindustrialización y licitar concesiones de transporte e infraestructura vial, portuaria y ferroviaria, la administración estará sujeta a la evolución del costo financiero externo y a las cotizaciones de las exportaciones primarias. El plano laboral y la seguridad pública sumarán presiones adicionales. Mientras el plan para reducir la jornada de trabajo sin merma en los sueldos demandará complejas negociaciones sectoriales, el combate al crimen organizado exigirá coordinar esfuerzos con mandatarios provinciales que en su mayoría pertenecen a la oposición. A nivel regional, su gestión mantendrá la defensa del Mercosur y del multilateralismo, aunque la interacción con la administración argentina de Javier Milei continuará signada por tensiones políticas, aun en un marco de mutua dependencia comercial y energética.