El Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña y la Justicia ordena su arresto domiciliario

El Senado de Paraguay consumó la separación del cargo de Santiago Peña tras llevar adelante un proceso de juicio político resuelto de forma unánime. La votación contó con el respaldo afirmativo de 44 legisladores y registró una sola inasistencia en el recinto parlamentario, donde se declaró al mandatario responsable de mal desempeño en sus responsabilidades gubernamentales. Minutos después de consumada la votación, las autoridades judiciales formalizaron una orden restrictiva contra el ahora exjefe de Estado, disponiendo que permanezca privado de libertad en su residencia particular. La disposición fiscal fue requerida conjuntamente por el área especializada en delitos económicos y anticorrupción y por la dependencia de cibercrimen. Los cargos promovidos contra el expresidente abarcan supuestas conductas de lesión de confianza, negociaciones incompatibles como administración en beneficio propio y tráfico de influencias indebidas. De acuerdo con las instrucciones ministeriales, Peña deberá aguardar recluido en su inmueble hasta presentarse ante los investigadores en su audiencia indagatoria, prevista para este viernes a partir de las 11 horas. En paralelo, la Justicia emitió un mandato de detención similar en perjuicio de Carlos Cavallo, extitular del Banco Central paraguayo. Previo a que los legisladores finalizaran la votación, Peña había comunicado su renuncia por medio de un pronunciamiento en redes sociales. En su texto, afirmó que su dimisión buscaba prevenir un impacto mayor sobre el país y colaborar con la pacificación interna, evitando que su permanencia profundizara la inestabilidad institucional. El dirigente añadió que asumía la responsabilidad de priorizar el bienestar colectivo por encima de su futuro particular, al tiempo que expresó agradecimiento general y admitió la angustia de los ciudadanos que aguardan soluciones concretas ante la coyuntura. El representante legal del exmandatario, Ricardo Preda, ofreció precisiones a los medios locales respecto al procedimiento en curso. El abogado ratificó la existencia de la notificación formal y señaló que los funcionarios labraron la documentación correspondiente en el domicilio de Peña. Preda remarcó que el expresidente colaborará plenamente con la investigación en su condición de ciudadano particular, del mismo modo en que lo hacía durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo. Asimismo, explicó que el exmandatario le solicitó asumir temporalmente la vocería de todas las declaraciones públicas vinculadas a la causa. A raíz del vacío de poder institucional, asumió formalmente la presidencia Pedro Alliana, quien hasta ese instante ocupaba la vicepresidencia de la nación. Durante su juramento ante la asamblea parlamentaria, el flamante jefe de Estado solicitó asistencia divina para gobernar con templanza y humildad, poniendo énfasis en la necesidad de salvaguardar prioritariamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Alliana sostuvo que ya se destinaron esfuerzos suficientes a gestiones externas e instó a enfocar todas las tareas administrativas de manera preferencial dentro de las fronteras nacionales. En las calles de Asunción y otras zonas, la remoción del mandatario generó manifestaciones de júbilo entre los ciudadanos que aguardaban su salida. No obstante, una multitud de personas continuó congregándose frente a la sede legislativa, el Ministerio de Trabajo y el edificio central de Ueno Bank. Portando camisetas de la selección paraguaya de fútbol, numerosos ahorristas expresaron su indignación quemando plásticos bancarios y emitiendo reclamos enérgicos contra funcionarios políticos y operadores judiciales, impulsados por la inquietud de que los sucesos financieros queden impunes. El trasfondo de las movilizaciones ciudadanas se vincula a la crisis financiera desatada por la firma Ueno Bank. Frente a este panorama, las autoridades monetarias paraguayas iniciaron el desembolso de fondos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. El responsable de administrar esta unidad, José Maciel, confirmó que la liberación de anticipos a favor de los depositantes comenzó a ejecutarse durante la tarde del jueves para atender a los ahorristas afectados. Durante el tratamiento legislativo de la acusación, diversos representantes expusieron fuertes cuestionamientos hacia la administración saliente. El parlamentario Freddy Franco describió el colapso de la firma bancaria como un despojo contra la población y sostuvo que Peña quedó desprovisto de legitimidad y respaldo popular. En esa misma línea, el senador Rafael Filizzola calificó los hechos como un entramado criminal orquestado para defraudar a tres millones de personas que custodiaban sus ahorros, cuestionando si el exjefe de Estado desconocía el desvío de recursos estatales. Por su parte, la diputada Rocío Vallejos, con trayectoria como penalista, advirtió que tanto particulares como dependencias públicas no conseguirán recuperar la totalidad del dinero comprometido.