Alberta impulsa restricciones al acceso de servicios públicos para trabajadores migrantes tras un referéndum

Un referéndum celebrado en la provincia canadiense de Alberta reveló un marcado respaldo ciudadano hacia la restricción del acceso a los servicios públicos para los trabajadores temporales y recién llegados, en contraste con el rechazo proyectado hacia las iniciativas de reforma constitucional y separación territorial. La consulta popular expuso las tensiones vigentes en una jurisdicción con abundantes recursos petroleros que requiere mano de obra extranjera para sus industrias, pero cuyos gobernantes buscan limitar las coberturas estatales para este sector de la población. Entre los temas sometidos a sufragio, se consultó a los votantes sobre la posibilidad de promulgar una legislación que limite la educación y la atención médica exclusivamente a ciudadanos canadienses, residentes permanentes y personas que posean un estatus migratorio expresamente avalado por la administración provincial. Otra de las preguntas propuso exigir una permanencia mínima de doce meses en Alberta antes de calificar para determinados subsidios de asistencia social, además de facultar a las autoridades provinciales a cobrar tarifas especiales a residentes temporales por la utilización de hospitales y escuelas. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, perteneciente al Partido Conservador Unido, responsabilizó previamente a las políticas del gobierno federal encabezado por Justin Trudeau por la saturación en centros médicos y aulas escolares. La mandataria afirmó en declaraciones públicas que los trabajadores invitados generan un costo de diez dólares en servicios por cada dólar que aportan en concepto de impuestos, cifrando los gastos provinciales en salud y asistencia en más de mil millones de dólares anuales frente a unos 150 millones recaudados. Por su parte, la administración federal redujo recientemente las metas de inmigración y endureció las condiciones de los visados temporales tras advertencias sobre abusos por parte de grandes corporaciones. Las medidas generaron advertencias entre activistas comunitarios y especialistas económicos. Vanesa Ortiz, integrante de la Asociación de Mexicanos en Calgary, alertó sobre el riesgo de precarización extrema y desprotección sanitaria para miles de empleados agrícolas y de servicios que sostienen labores esenciales. En el ámbito económico, analistas como Gillian Petit destacaron que los residentes temporales también tributan ante el fisco federal, cuyos fondos cofinancian la salud de la provincia, al tiempo que recurren con menor frecuencia a las prestaciones médicas y educativas en comparación con el promedio de la población local.