El INE alista el plan presupuestal de 2027 en medio de señalamientos administrativos

El Instituto Nacional Electoral comenzó a trazar su ruta logística y financiera de cara a los comicios intermedios previstos para 2027. Para este proceso, el Consejo General de la entidad avaló un anteproyecto que asciende a 31.431.887.800 pesos destinados a la operatividad institucional, a los cuales se sumarán otros 10.842 millones de pesos orientados al financiamiento de los partidos y las candidaturas independientes. La magnitud económica del proceso responde a la escala de las tareas previstas. Según las estimaciones oficiales, el padrón de ciudadanos con derecho a sufragar aumentará desde unos 98 millones hasta superar los 102 millones de personas. Esta expansión exigirá la instalación de aproximadamente 176 mil casillas en todo el territorio nacional y la contratación de un contingente de 51 mil asistentes, supervisores y capacitadores electorales. En esa cita en las urnas se definirá la renovación de la Cámara de Diputados, cargos locales y 17 gubernaturas. Sin embargo, la planeación técnica avanza en un entorno marcado por la controversia. Una investigación periodística difundida por el diario Reforma señaló presuntas anomalías en procedimientos de contratación y asignación de proveedores durante el periodo de Guadalupe Taddei en la presidencia del instituto. Entre los casos referidos figura el de Jesús Octavio García González, quien asumió la dirección de Administración y posteriormente dimitió luego de que surgiera una denuncia por presunto conflicto de interés. El reporte periodístico apuntó además que la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene indagatorias sobre la institución. El escenario también está influenciado por las tensiones políticas acumuladas tras años de cuestionamientos de Morena y Andrés Manuel López Obrador hacia el organismo por motivos de costo, burocracia y cercanía con administraciones anteriores. Por su parte, dirigentes de oposición como Jorge Romero del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, además de la fuerza política Somos, han señalado la necesidad de que el instituto garantice distancia frente al gobierno federal para despejar suspicacias sobre su independencia. Frente al reto que implicará supervisar campañas, sancionar faltas y regular la propaganda, la credibilidad de la entidad electoral aparece como el recurso más sensible para prevenir un aumento del abstencionismo ciudadano durante la jornada electoral.