El Departamento de Justicia exige a condados de California identificar votantes no ciudadanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó sus presiones sobre el sistema electoral de California al remitir advertencias formales a 57 de los 58 condados de la entidad, con el objetivo de exigir a los funcionarios comiciales su cooperación para identificar a personas no ciudadanas registradas en el padrón electoral, bajo apercibimiento de afrontar litigios en los tribunales. La medida da continuidad a una comunicación similar que el condado de Los Ángeles había recibido la semana previa. En una de las notificaciones recientes, dirigida a la registradora de votantes del condado de San Bernardino, Joani Finwall, la fiscalía federal con sede en Los Ángeles suministró un registro que comprende 1.133 nombres catalogados como posibles extranjeros no habilitados para sufragar. En el texto, el fiscal federal adjunto principal Bilal Essayli fijó un plazo de 48 horas para que las autoridades del condado formalicen su disposición a trabajar junto con el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional en la corroboración del estatus de ciudadanía de las personas señaladas. Essayli remarcó las derivaciones legales vinculadas a la tramitación de papeletas enviadas por correo postal o a la contabilización de sufragios emitidos por los individuos mencionados en el listado antes de que su condición legal sea verificada. En relación con aquellos casos cuya ciudadanía no logre confirmarse de forma inmediata, el fiscal solicitó a las autoridades apartar y mantener separadas las boletas por correo, sin anularlas, en tanto se define con precisión el estatus migratorio de los electores involucrados. El representante de la fiscalía sostuvo que la emisión de votos por parte de extranjeros en elecciones federales constituye un delito, y advirtió que facilitar a sabiendas dichas acciones expone a los funcionarios a responsabilidades penales. Las notificaciones, reveladas inicialmente por The New York Times, forman parte de la estrategia del gobierno encabezado por Donald Trump orientada a los comicios de medio término, con un foco particular sobre el estado de California. En respuesta a las misivas, el senador demócrata por California Alex Padilla cuestionó las advertencias oficiales. Mediante una declaración pública, el legislador afirmó que el Departamento de Justicia no ha suministrado evidencias de fraudes masivos y aseveró que los datos en los que se basan los requerimientos son inexactos y poco confiables. Asimismo, Padilla subrayó que el Poder Ejecutivo federal carece de atribuciones para intervenir en el desarrollo de los procedimientos electorales del estado. El gobierno federal sostiene además una demanda con la que procura impedir el conteo de más de 20.000 votos por correo sospechosos de corresponder a personas no naturalizadas, caso en el cual solicitó a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito aplicar restricciones cautelares antes de que el tribunal de primera instancia dicte sentencia.