Golfistas de LIV reclaman más de 100 millones de dólares al fondo soberano saudí por contratos impagos

Un grupo compuesto por diez golfistas de LIV Golf, encabezado por el dos veces campeón de torneos mayores Dustin Johnson, inició gestiones formales ante el Fondo de Inversión Pública Saudí para exigir el abono de compromisos contractuales pendientes. Las demandas económicas acumuladas superan los 100 millones de dólares y responden a la abrupta interrupción del respaldo financiero que el fondo soberano saudí ejecutó en abril sobre el circuito creado a mediados de 2022. Entre los deportistas involucrados en el reclamo figuran Thomas Detry y Bubba Watson, ganador en dos oportunidades del Masters. El conflicto toma estado público en vísperas del plazo límite para confirmar la adhesión a LIV 2.0, el proyecto con el que el nuevo inversor, BC Partners Credit, procura rescatar la competición. Fuentes cercanas a los reclamantes anticiparon que ninguno de los integrantes del grupo liderado por Johnson aceptará las condiciones vigentes de reestructuración, postura compartida por figuras como Tyrrell Hatton, Tom McKibbon, Ian Poulter y Jon Rahm, este último desvinculado a comienzos de mes. El abogado David Cornwell, representante legal de estos jugadores, manifestó que sus representados tomaron decisiones cruciales para sus trayectorias profesionales apoyándose en promesas reiteradas del fondo saudí. Cornwell subrayó que la predisposición para declinar eventuales acciones legales y sumarse a la edición de 2027 dependerá de cómo se resuelvan las acreencias de la primera etapa del tour. A su vez, advirtió a los gremios y entidades deportivas internacionales que el abandono financiero sufrido por los golfistas podría repetirse con atletas de otras disciplinas. La controversia legal se desarrolla en el marco del proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 solicitado por la liga en septiembre. Pese a la crisis que motivó la cesación de pagos, la conducción del certamen destinó más de 15,6 millones de dólares a bonos de retención ejecutiva antes de acudir a los tribunales, incluyendo una partida de 6,375 millones asignada al director ejecutivo Scott O'Neil. Desde el entorno del fondo saudí se sostiene que la entidad actúa meramente como un inversor de capital que dio por concluida su participación, descartando negociaciones directas con los deportistas. Reportes independientes señalan que la propuesta inicial del fondo ofreció liquidar los contratos a razón de dos centavos por cada dólar reclamado.