Egipto clausura el medio Mada Masr y multa a su directora Lina Attalah tras una breve detención

Las autoridades de Egipto liberaron a la destacada periodista Lina Attalah, redactora jefa del portal independiente Mada Masr, tras haber permanecido bajo custodia policial a raíz de una orden judicial que dispuso además la clausura forzosa del sitio informativo. La medida judicial fue dictada por un tribunal de El Cairo que la declaró culpable de operar una plataforma digital sin contar con la licencia requerida, una resolución que reavivó los cuestionamientos y la preocupación a nivel global sobre las garantías para el ejercicio periodístico en el país africano. La liberación de Attalah se concretó luego de que la redacción de Mada Masr desembolsara una fianza estipulada en tres millones de libras egipcias, cifra equivalente a unos 53.500 dólares o 40.100 libras esterlinas. El abogado defensor Hassan al-Azhari confirmó el pago de dicha suma y reveló a la agencia AFP que, durante la tramitación del caso, se constató la existencia previa de una condena en rebeldía contra la comunicadora, emitida en 2024, que contemplaba un año de prisión efectiva y una sanción económica de 20.000 libras egipcias. Frente a esta resolución, el equipo legal presentó una apelación y logró fijar una nueva audiencia judicial para el próximo 11 de noviembre. Los representantes legales de la periodista denunciaron que la comparecencia en tribunales constituyó una maniobra premeditada en su contra. Según explicaron, el magistrado interviniente le asignó un defensor de oficio momentos antes de que efectivos de los cuerpos de seguridad procedieran a privarla de su libertad dentro de la misma sala de audiencias. Mada Masr, proyecto periodístico fundado por Attalah en 2013 luego de adquirir repercusión pública internacional durante las movilizaciones de la Primavera Árabe en 2011, había iniciado los trámites para regularizar su licencia operativa hace tres años, proceso que nunca recibió respuesta por parte de los organismos estatales pertinentes. Esta serie de medidas restrictivas se inscribe en un escenario de creciente presión hacia los profesionales de la información. Poco antes de este episodio, las fuerzas de seguridad arrestaron a la totalidad del equipo de trabajo de la plataforma independiente de verificación de datos Matsadaash, compuesto por seis personas a las que se les imputó presunta pertenencia a los Hermanos Musulmanes, organización declarada fuera de la ley en Egipto. El director de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, Hossam Bahgat, estuvo presente en la sede judicial y alertó que las actuaciones de los aparatos de seguridad egipcios evidencian un cambio de estrategia, pasando de años de hostigamiento sistemático hacia un plan orientado a la erradicación total del periodismo independiente. Bahgat sostuvo que esta profundización valida las alarmas encendidas tras la detención de los integrantes de Matsadaash, poniendo en riesgo crítico el escaso margen de libertad de prensa sostenido durante la última década gracias a notorios sacrificios personales. De acuerdo con la misma entidad civil, esta escalada coincide con reiteradas intervenciones públicas del mandatario egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, quien desde agosto ha aludido a la existencia de un complot destinado a desestabilizar la nación. En sus discursos, el jefe de Estado ratificó su intención de continuar al frente del gobierno hasta el año 2030 con el argumento de proteger a la república frente a traidores, delincuentes y saboteadores. El dictamen judicial suscitó un inmediato repudio entre colectivos internacionales. Reporteros Sin Fronteras tachó el fallo de indignante y vergonzoso, demandando la liberación perentoria de la periodista, mientras que Amnistía Internacional catalogó la resolución como un impacto demoledor contra la libertad informativa. El Comité para la Protección de los Periodistas también reprobó la sentencia y advirtió que Egipto figura entre los principales carceleros de trabajadores de prensa del mundo, con 25 profesionales actualmente privados de su libertad. Por su parte, la organización PEN International, en conjunto con decenas de entidades civiles, subrayó que se trata de la sexta causa instruida contra Mada Masr en un período de seis años, pero remarcó que constituye la primera ocasión en que un expediente de esta índole es elevado a juicio, lo que a su juicio confirma la intención deliberada de cancelar definitivamente el espacio mediático independiente en el país.