Diputados dio media sanción al proyecto sobre discapacidad tras un amplio acuerdo político

En una jornada legislativa atravesada por intensas negociaciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con una contundente mayoría el proyecto de ley destinado a regularizar el sistema de atención para personas con discapacidad y establecer un esquema de pagos para cancelar las deudas vigentes con los prestadores del sector de la salud. La iniciativa, impulsada inicialmente por el bloque de La Libertad Avanza, acumuló 237 votos afirmativos tras incorporar sustanciales modificaciones reclamadas por la oposición y organizaciones del sector, frente a nueve votos negativos y cuatro abstenciones. La propuesta legislativa fue girada de inmediato al Senado para su tratamiento definitivo. El texto que finalmente logró el respaldo de la Cámara baja difiere notablemente de la versión original enviada por el oficialismo. La necesidad de desactivar un foco de conflicto de alta sensibilidad social empujó a los representantes gubernamentales a flexibilizar su postura y aceptar demandas estructurales promovidas por bancadas como Unión por la Patria, Provincias Unidas y Argentina Federal, logrando una cohesión parlamentaria poco habitual. Puntos centrales y financiamiento garantizado Entre las disposiciones de mayor relevancia institucional y técnica, la normativa fija por ley los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas por discapacidad, un área que hasta la fecha dependía exclusivamente de resoluciones y normativas del Poder Ejecutivo. A partir de esta media sanción, se estipula de manera formal la obligatoriedad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación de carácter socioeconómico y acreditar ingresos personales que no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Asimismo, el dictamen ratifica la plena vigencia de la Ley 26.816, que instituye el régimen de empleo protegido para personas con discapacidad, blindando dicho marco frente a potenciales modificaciones administrativas. En el aspecto presupuestario, el articulado dispone que los recursos asignados por beneficiario no podrán perder poder adquisitivo frente al avance del Índice de Precios al Consumidor. A fin de blindar estos programas, se incorporó una salvaguarda financiera: en caso de que las partidas ordinarias del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se autoriza la transferencia directa y automática de fondos provenientes del Tesoro Nacional. Respecto a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, la ley asegura el acceso integral a las prestaciones médicas asistenciales básicas que brinda el programa federal Incluir Salud. Por otra parte, se garantiza la actualización periódica del nomenclador de prestaciones con ajuste mensual por inflación. Cronograma para cancelar deudas con prestadores Uno de los apartados más esperados por las organizaciones civiles y el sector médico prestacional responde a la abultada deuda acumulada por el Estado. La norma aprobada determina que el Poder Ejecutivo contará con un plazo perentorio de 30 días, a partir de la entrada en vigor de la ley, para presentar un cronograma formal de pagos. Además, se le confiere un lapso máximo de 90 días para liquidar de forma definitiva las compensaciones atrasadas. Esta deuda pendiente asciende actualmente a una cifra estimada en 278.323 millones de pesos. La regularización de estos fondos constituyó uno de los reclamos innegociables sostenidos tanto por las entidades del colectivo de discapacidad como por el bloque del PRO, cuyos legisladores advirtieron durante los debates de comisión sobre la crisis de sustentabilidad que atraviesan los centros de atención, terapeutas y transportistas. Articulación en el recinto y tensiones con el Presupuesto El desenlace favorable para el oficialismo fue producto de febriles conversaciones desarrolladas a lo largo de la sesión legislativa. Con la coordinación general del presidente del cuerpo, Martín Menem, las diputadas libertarias Laura Rodríguez Machado y Giselle Castelnuovo abrieron canales de diálogo directo con referentes de Unión por la Patria, como Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva. El respaldo de la bancada conducida por Germán Martínez se terminó de consolidar cuando las entidades civiles de discapacidad manifestaron su conformidad con el borrador en discusión. El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, titular del bloque Argentina Federal, desempeñó un papel estratégico al redactar e introducir el dictamen unificado que amalgamó las exigencias de la oposición dialoguista con las concesiones oficiales. No obstante, la aprobación no estuvo exenta de advertencias formales dirigidas a la Casa Rosada. Durante su exposición, Herrera Ahuad, respaldado por diversas bancadas opositoras, instó de forma explícita al Gobierno nacional a comprometerse con el retiro del capítulo VI del proyecto de ley de Presupuesto. Dicho capítulo presupuestario contiene disposiciones orientadas a derogar el artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad, norma que consagra la actualización mensual obligatoria y automática de las prestaciones según el índice inflacionario. Desde la oposición remarcaron que mantener esa pretensión anularía en los hechos las garantías recién votadas en el recinto. El mapa de la votación y el rol eclesiástico El amplio margen alcanzado de 237 voluntades a favor contrastó con un acotado núcleo de rechazos. Los nueve votos negativos procedieron en su gran mayoría del espacio cordobés dentro de Provincias Unidas, alineado con el gobernador Martín Llaryora: los diputados Carlos Gutiérrez, Juan Fernando Brügge, Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres se distanciaron de la jefatura de bancada ejercida por Gisela Scaglia. A este grupo se plegaron la diputada Natalia de la Sota, la mendocina Lourdes Arrieta y la peronista Gabriela Beatriz Estévez, quien argumentó haber votado en contra por solicitud directa de organizaciones sociales de su provincia. Por su parte, la izquierda optó por la abstención con cuatro votos. El debate parlamentario también estuvo condicionado por factores externos de peso institucional. En las horas previas al tratamiento en el recinto, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina mantuvieron contactos de alto nivel con miembros del bloque oficialista para transmitirles su inquietud por la paralización de pagos y demandar un consenso que diera alivio inmediato al sector. Esta postura fue reforzada públicamente por la Comisión de Pastoral Social, que formalizó su preocupación respecto del impacto de las medidas de ajuste fiscal sobre las personas con discapacidad durante la gestión del presidente Javier Milei. Estas advertencias eclesiásticas aumentaron la presión en la mesa política gubernamental, decantando la decisión de conceder modificaciones de fondo en el texto legal, el cual ahora aguarda el veredicto final de la Cámara alta.